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Carta del Tribunal Supremo
(Nueva transcripción del original)



SUPREMUM
SIGNATURA APOSTOLICAE
TRIBUNAL
____

PALAZZO DELLA CANCELLERIA
00120 CITTÀ DEL VATICANO

 

 

PROT. N. 20012/88 C.A.
QUEBECEN.
Iurium
(Ejército de María - Pontificium Consilium pro Laicis)


La Asociación «EJÉRCITO DE MARÍA», fundada por la señora Marie-Paule Giguère, fue erigida canónicamente el 10 de marzo de 1975 por Su Eminencia el Cardenal Maurice Roy, Arzobispo de Quebec. Sin embargo como este movimiento había tomado, con el tiempo, caminos peligrosos no completamente ortodoxos, fue en un comienzo advertido por el mismo Cardenal Roy y luego por Su Emmo. sucesor, pero todo en vano. Entonces, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha intervenido para reprobar los errores que estaban repartidos con el peligro de escándalo de los fieles. Esta misma asociación, sin embargo, después que sus moderadores hubieran rehusado, en el tiempo prescrito, suscribir un documento preparado por Su Emmo. Arzobispo de Quebec, Louis-Albert Vachon, fue suprimida por un decreto redactado por éste el 4 de marzo de 1987.

Siendo presentado un recurso jerárquico, el Consejo Pontifical para los Laicos ha confirmado la susodicha decisión a través de un decreto del 25 de marzo de 1988, entregando las razones siguientes: «El análisis de los documentos y de los asuntos en lo relativo al Ejército de María, los cuales son comprendidos al origen, ha conducido a la conclusión que los fundamentos y los principios doctrinales sobre los cuales reposan los estatutos, las enseñanzas y las actividades del Ejército de María no están conformes a la enseñanza de la Iglesia y que los fines del Ejército de María no corresponden, por consiguiente, a los fines de las asociaciones de fieles previstos por el código de derecho canónico (can. 298 ss.).»

Contra el decreto de supresión confirmado por el Consejo Pontifical, la susodicha Asociación, por sus propios Defensores, ha hecho un recurso a la Sección Altera del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, afirmando que:

- «in procedendo»,

1) se ha descuidado el derecho de defensa;

2) la Asociación había sido suprimida sin procedimiento judicial, lo que era necesario en este caso a causa de los efectos económicos y de las sanciones penales «latae sententiae»;

- «in decernendo»,

1) los hechos sobre los cuales el decreto de supresión es fundado no existen o no están contra la doctrina y la ley de la Iglesia;

2) la Asociación, en este decreto, ha sido considerada como pública, mientras que ella es privada; por consiguiente la destinación de sus bienes no está regida por el can. 123;

3) el decreto por el cual el Consejo pontifical para los Laicos confirma la decisión del Ordinario de Quebec, constituía «una cosa nueva», «una nueva acusación», sustancialmente fuera de la investigación, y por consiguiente la ley sería violada tanto en el procedimiento como en la sustancia.

***

EL TRIBUNAL SUPREMO DE LA SIGNATURA
APOSTÓLICA

Siendo sumisos al examen los actos de la causa y las memorias de los Defensores, lo mismo que el aviso del Promotor de Justicia designado y la respuesta de la parte demandante;

Teniendo en cuenta que las razones entregadas por el defensor de la demandante contra la legitimidad del decreto que es atacado aparecen privadas de todo fundamento jurídico, pues:

«in procedendo»:

Se ha seguido el procedimiento prescrito por el Código de Derecho Canónico, en cuanto a la supresión de una asociación pública (can. 320, §§ 2-3), a saber más rígido que aquel requerido para suprimir una asociación privada (cf. can 326, § 1) de la naturaleza actual, según la demandante, «El Ejército de María»: con mayor motivo se puede decir que han observado todas las prescripciones del can. 326 § 1, respecto a la supresión;

Para suprimir una asociación, ninguna otra razón de proceder es exigida a parte de aquella prescrita por el can. 320, respecto a las asociaciones públicas, y por el can. 326, en cuanto a las asociaciones privadas, siendo observados también los cann. 50-51: todo eso ha sido hecho;

En consecuencia, no se puede de ningún modo hablar en este caso de negligencia del derecho de defensa;

Los efectos económicos de la supresión no deben ser confundidos con la supresión misma;

En este caso, la supresión de la Asociación no se debe considerar como una pena y, en la supresión misma, ninguna pena «ferendae sententiae» no ha sido llevada, ni ninguna pena «latae sententiae» declarada;

«in decernendo»:

Los hechos sobre los cuales se basa el decreto de supresión aparecen claramente en los actos; más aún, la misma Congregación para la Doctrina de la Fe ya había entregado un juicio sobre los graves peligros doctrinales y había prevenido la posibilidad de suprimir la Asociación, a menos que ésta tenga una buena disposición, lo que la Asociación ha rechazado no queriendo firmar el documento; ahora bien, el juicio sobre la doctrina no pertenece a la Signatura Apostólica, sino a la susodicha Congregación;

La naturaleza de la Asociación – a saber privada o pública – no perjudica, en este caso, la legitimidad de la supresión;

El tema de la destinación de los bienes, como lo hemos dicho más arriba, debe ser distinguida de la supresión misma: ella es la consecuencia de la supresión y no su causa;

La destinación de los bienes, por lo demás, en este caso, es determinada por los estatutos;

«in procedendo» y «in decernendo»:

Relativo a la acusación llevada contra el Consejo Pontifical para los Laicos, es necesario recordarse que este mismo Consejo ha actuado respecto a un recurso jerárquico que es determinado entre otras cosas, por el can. 1739.

En la asamblea del Congressus efectuada ante el Cardenal Prefecto infrascripto el 17 de marzo de 1989

ha sido decretado:

que el recurso no debe ser admitido a examen por falta de fundamento evidente.

Entregado en Roma, de la Sede del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, el 17 de marzo 1989.

Achille Cardenal Silvestrini, Prefecto
+ Zenon Grocholewski, Secretario
(Nueva transcripción del original)


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